El Senado aprueba el Protect College Sports Act

El Senado de Estados Unidos dio el martes un fuerte espaldarazo al Protect College Sports Act, el proyecto de ley respaldado por la NCAA que busca poner orden federal en un ecosistema universitario que cambia a toda velocidad.

El resultado fue contundente: 74 votos a favor, 24 en contra. Necesitaba 60. Los superó con holgura. Lo que no está claro es cuándo llegará la votación final en el propio Senado. Y, si supera ese último paso, aún quedará otro campo por recorrer: la Cámara de Representantes.

Un intento de poner reglas en medio del caos

El Protect College Sports Act es el último gran intento de fijar un estándar nacional para el deporte universitario. No es un capricho: en los últimos años, cuestiones clave como la elegibilidad, las transferencias y la compensación a los atletas se han ido decidiendo en tribunales estatales, caso a caso, estado a estado.

Cada decisión, cada medida cautelar, ha ido desmontando normas de la NCAA que parecían intocables durante décadas. De repente, los deportistas pueden cambiar de universidad con mucha más libertad. De repente, pueden recibir dinero directamente de sus instituciones. El mapa ha cambiado.

El proyecto de ley quiere frenar esa deriva fragmentada y marcar una línea común en todo el país. Abarca años de elegibilidad, frecuencia de las transferencias, tipos de compensación y otros puntos que hoy se mueven en una zona gris.

Hay un elemento clave: el texto otorgaría a la NCAA una exención antimonopolio y blindaría sus reglas frente a futuras demandas en esos ámbitos. Las grandes ligas profesionales, como la NFL y la NBA, ya cuentan con exenciones similares. Con una diferencia importante: en esos casos, los deportistas negocian colectivamente las normas que rigen su trabajo.

Cruz, Cantwell y el respaldo de la NCAA

El impulso político llega de un frente inusual. El proyecto fue presentado este año por el senador republicano Ted Cruz, de Texas, y la senadora demócrata Maria Cantwell, de Washington. Un tándem bipartidista que refleja la magnitud del debate: el deporte universitario es negocio, identidad cultural y foco de poder.

La NCAA lleva años presionando al Congreso para conseguir una ley federal amplia que unifique criterios tras la avalancha de decisiones estatales, sobre todo en fútbol americano y baloncesto masculino y femenino, donde se concentra el grueso de la audiencia y del dinero.

El lunes, el entrenador de baloncesto masculino de Gonzaga, Mark Few, se plantó junto a Cruz y Cantwell para defender el texto sin rodeos: “Este proyecto quizá no sea perfecto, pero es, con muchísima diferencia, lo mejor que tenemos ahora mismo”. Un mensaje claro: más vale un marco fuerte y discutible que seguir atrapados en un laberinto jurídico.

Una oposición frontal y muy política

El proyecto, sin embargo, no avanza en silencio. Tiene detractores poderosos. El Congressional Black Caucus y la NAACP han expresado su rechazo. Y una de las voces más duras contra la iniciativa ha sido la del senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut.

Murphy no se anduvo con medias tintas ante los periodistas el lunes: “Este proyecto protege los miles de millones de dólares que entrenadores y ejecutivos de la industria deportiva están ganando gracias a la supresión de la compensación para algunos de los atletas más valiosos del mundo”, afirmó. Y fue más allá: “Lo que se nos pide es permitir, básicamente, que universidades, conferencias y la NCAA coludan ilegalmente”.

La batalla no se libra solo en los pasillos del Capitolio. Se juega también en los grandes escaparates mediáticos del deporte estadounidense. Cruz apareció recientemente en “College GameDay” de ESPN, el programa de referencia en las horas previas a los partidos de fútbol americano universitario, para hacer campaña a favor del proyecto. Murphy respondió desde otro púlpito muy escuchado: el pódcast “Straight Shooter” de Stephen A. Smith.

Un futuro en juego para el deporte universitario

La discusión va mucho más allá de tecnicismos legales. Lo que está en juego es el modelo mismo del deporte universitario: quién manda, quién cobra y quién asume los riesgos en una industria que mueve miles de millones.

Los defensores del Protect College Sports Act ven en él una tabla de salvación para un sistema que se resquebraja a golpe de sentencia. Sus críticos lo leen como un blindaje para la NCAA y para las universidades, una forma de congelar el statu quo justo cuando los atletas empiezan a ganar terreno en la mesa de poder.

El Senado ya ha dado el primer paso con un margen amplio. La siguiente votación dirá si ese impulso se mantiene. Después, será la Cámara la que tenga la última palabra.

Y cuando el polvo se asiente, quedará una pregunta incómoda: ¿será esta ley el punto de equilibrio que necesita el deporte universitario o el muro que frene, otra vez, a los propios atletas?